Veracruz, Ver.
Ocupa último lugar nacional en justicia civil y derechos fundamentales; en justicia penal ocupa el lugar 30, sólo Morelos y Puebla están peor.
Pese a la resolución de la Corte de declararlo inválido, más de mil personas siguen en prisión por el delito de ultrajes a la autoridad.
La pifia al detener a un estudiante y acusarlo de ser el responsable de los asesinatos de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y Sheila Johana García Olivera, camarógrafa, perpetrados el 9 de mayo pasado resultaron ser la punta del iceberg de una profunda crisis de procuración de justicia.
Veracruz se ha convertido en un estado sin ley ni justicia. En siete de los ocho ejes para medir el Estado Derecho, Veracruz se encuentra debajo de la media nacional; lo más grave es que ocupa último lugar nacional en justicia civil y derechos fundamentales; en justicia penal ocupa el lugar 30, donde sólo Morelos y Puebla están peor.
El sistema de justicia veracruzano tiene un 94.3 de impunidad, según el informe «Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México» publicado por la organización México Evalúa.
Estas cifras coinciden con el informe presentado por The World Justice Project (WJP) para la creación de un Índice de Estado de Derecho para México y la evaluación del impacto a la reforma de justicia penal.
No obstante, el gobierno federal insiste en reconocer a una Fiscalía que dinamitó la implementación de un nuevo sistema de justicia penal para convertirse en el brazo operador de la persecución y encarcelamiento de los adversarios políticos del gobierno morenista.
El informe de WJP presenta nuevos datos e indicadores organizados en los ocho factores que lo integran: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En los dos últimos casos, los datos muestran que los sistemas de justicia penal y civil han ido retrocediendo año con año.
Desde la llegada de la actual administración, Veracruz observa retrocesos en la garantía a los derechos de las víctimas, la adhesión al debido proceso, la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, y la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público. Se trata de una Fiscalía fallida en prácticamente todas las áreas evaluadas.
En materia de justicia penal, el informe confirma la policía y el ministerio público no investigan los delitos de manera eficaz –delitos de alto impacto se siguen sin resolver pese al ofrecimiento del gobierno estatal de resolver los casos-, los sistemas de procuración y de impartición de justicia no son expeditos y eficaces, además de que los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente, como sucede con decenas de colectivos en busca de personas desaparecidas.
Por si eso fuera poco, el debido proceso legal de las personas acusadas se garantiza efectivamente –las acusaciones de tortura y extorsión por parte de las autoridades ministeriales va en aumento-, mientras que el sistema de justicia penal, acusado de una corrupción tolerada, no garantiza imparcialidad e independencia.
Por último, el sistema penitenciario tampoco garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.
En materia de justicia civil, Veracruz es el peor del país, debido a que la población no puede resolver sus quejas y conflictos de forma pacífica y efectiva a través de un sistema de justicia civil que sea accesible, asequible, y libre de corrupción, discriminación o influencias inapropiadas.
En Veracruz sucede todo lo contrario: las personas no conocen sus derechos ni confían en las instituciones del sistema de justicia civil debido a que no tienen acceso a información y asesoría legal asequible y de calidad cuando enfrentan problemas legales o disputas.
Las personas, señala el informe, no pueden resolver sus problemas legales fácilmente y sin altos costos ni procesos burocráticos, ya que el sistema de justicia civil no garantiza imparcialidad e independencia, además de que las resoluciones de los tribunales civiles y administrativos se ejecutan efectivamente.
Estos resultados generales se explican por tres tendencias, un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico, un deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción.
Por otro lado, la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de Justicia Penal, muestra de ello son los delitos que no se denuncian los cuales llegaron al 93.3% en el país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 del INEGI.
Sin embargo, el sistema de procuración de justicia ha resultado muy eficiente en la persecución política, como mecanismo para privilegiar la venganza y no la justicia.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en febrero pasado como inválido el delito de ultrajes, y ordenó dejar en libertad a todas las personas a las que se les había imputado el delito, se calcula que al menos mil personas permanecen aún en prisión.
La propia Fiscalía General Estado confirmó que al menos mil 33 personas fueron vinculadas a proceso por el delito, sin embargo, no más de 10 personas imputadas han obtenido el sobreseimiento de las carpetas, confirmó el abogado Tomás Mundo Arriasa.
El resto, dijo, aunque han logrado amparos federales, les fueron notificados otros delitos por lo que no lograron recobrar su libertad y permanecen internados en los Centros de Prevención de Readaptación Social.
(Fuente: World Justice Proyect y E-Consulta).
