– El Ejército mexicano, tiene la responsabilidad de defendernos ante amenazas externas
– Para la seguridad interior, se requiere una policía profesional, de carácter civil
Xalapa, Ver.
El decreto anunciado por el Presidente que pretende incorporar la Guardia Nacional al Ejército, representa una violación flagrante a la Constitución Política, que aumentaría los riesgos de militarizar a México y afectar la vida democrática, dando paso a un régimen autoritario, de imposiciones de un solo hombre y una sola voluntad por encima de los derechos de todas y todos los mexicanos.
Desde la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, presidida por Sergio Cadena Martínez, nos pronunciamos en contra, debido a que con la incorporación por decreto presidencial del la Guardia Nacional al Ejército, estaría desconociendo el mandato supremo de la Constitución Política vigente y la afectación de los derechos y libertades de las y los mexicanos.
El Ártículo 21 de la Constitución Política dice claramente que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”. Este texto constitucional fue aprobado por el poder legislativo federal en 2019, durante el gobierno de presidente López Obrador que ahora pretende cambiarlo.
El Presidente tiene la facultad constitucional de decretar los actos de gobierno que sean necesarios, pero no en aquellas acciones que quebranten el mandato de la Constitución Política.
La percepción personal de AMLO ha cambiado y ha recurrido a las fuerzas armadas nacionales del país, para atender múltiples tareas de gobierno civil como la construcción de un aeropuerto, el control de las aduanas y el acompañamiento del combate a la delincuencia.
El Ejercito mexicano tiene importantes tareas como la sobreguarda de la soberania y la atención de la seguridad nacional, lo que sería altamente riesgoso que ante los fracasos y malos resultados del gobierno federal, el Presidente pronto considere por decreto, responsabilizar al ejército mexicano de tareas básicas como la educación pública o la organización de las elecciones.
El Presidente ha decidido una ruta que desconoce la Constitución política y que sin lugar a dudas se impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nada y nadie por encima de la Constitución y los derechos del pueblo de México.
