La Columna |Héctor Yunes
A la luz de las nuevas pruebas que hemos aportado a los tribunales electorales, estamos convencidos de que la nulidad abstracta es procedente y se deben realizar nuevas elecciones a Gobernador en Veracruz.
Los millones de veracruzanos que no están de acuerdo con el gobierno de Morena no deben sentirse solos. Vamos a agotar todos los recursos para anular la elección del pasado 2 de junio.
En caso de no prosperar nuestra impugnación, vamos a promover desde el primer día del gobierno ilegítimo de Rocío Nahle, la figura de la revocación de mandato,
De esta forma, si se convalida el fraude electoral, la actual gobernadora electa podría convertirse en la primera mandataria estatal en someterse a la revocación de mandato y concluir de manera anticipada, por voluntad de los veracruzanos, un gobierno surgido de una elección de Estado.
En mayo de 2020, la mayoría de Morena en el Congreso local aprobó una reforma constitucional que intentaba salvar el pellejo del gobernador Cuitláhuac García al excluir de manera deliberada y tramposa, la figura de revocación de mandato.
La revocación de mandato a nivel federal entró en vigor el 20 de diciembre de 2019 y a partir de esa fecha, los Congresos locales tendrían la obligación de adecuar su Constitución para hacerla válida en todo el país.
Hicieron trampa. La jauría de legisladores morenista excluía intencionalmente esta figura de consulta, en una fallida reforma que meses más tarde sería anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para entonces, el gobierno de Cuitláhuac García alcanzaba apenas un 8% de aprobación entre los veracruzanos.
Para combatir el blindaje que Morena intentaba otorgar al gobernador del estado, dos semanas después, el 25 de mayo de 2020, como diputado federal presenté ante el Congreso local una iniciativa de reforma a la Constitución de Veracruz, para incluir la revocación de mandato en todos sus términos.
Pese a la resistencia de Morena, el 9 de octubre de 2021, más de un año después, la LXV Legislatura aprobó una reforma facciosa que incorporó a la Constitución local la revocación de mandato, pero poniendo a salvo al Gobernador.
Ante el pánico de Cuitláhuac, Morena decidió que quien ocupe la gubernatura del estado, deberá someterse al escrutinio popular al cumplirse su tercer año de gobierno, siempre y cuando se reúnan las firmas de al menos el 10 por ciento de la lista nominal, – ¡tres veces más del 3% que establece la Constitución federal! -, en al menos la mitad de los municipios veracruzanos.
Por ello, una de las primeras iniciativas que presentaré como diputado local a la próxima Legislatura será armonizar la Constitución local para que la revocación de mandato pueda convocarse con tan sólo el 3% de la lista nominal como sucede a nivel federal.
Una vez que logremos las firmas necesarias, la jornada de votación será a los 60 días de expedida la convocatoria, es decir, en el primer trimestre de 2028.
Como lo anuncié hace algunos días, iniciaremos una gran cruzada ciudadana, con cientos de organizaciones civiles de veracruzanos, para reunir las firmas necesarias y someter a la revocación de mandato al próximo gobierno del estado.
De no prosperar el juicio de nulidad, revocaremos el mandato de Morena en el año 2028.
La puntita
Por cierto, la revocación de mandato es la espada que pende sobre la cabeza de Claudia Sheinbaum para el momento en que decida romper con el Maximato que intenta imponer López Obrador.
