“Puede retrasar la justicia para los ciudadanos que están esperando una resolución y puede violar también sus derechos a un juicio justo”, señaló.
Ciudad de México.- México necesita una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), pero que garantice la independencia judicial con jueces capaces, a quienes no le cueste la carrera, la libertad e incluso la vida por sus resoluciones, afirmó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.
La postura de la titular del PJF -a días de que la Cámara de Diputados dictamine la iniciativa presidencial en ese sentido- se dio este miércoles al clausurar los tres días de foros del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, en el que confluyeron decenas de juzgadores y expertos nacionales e internacionales críticos de la reforma.
«Justamente es necesario un poder judicial independiente, de personas juzgadoras con una sólida preparación en constante formación que sean capaces de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tenga la garantía de que proteger esos derechos no les costará su carrera, su libertad e incluso su vida propia”, dijo Piña.
En el acto, donde no se permitió el acceso a la prensa, Piña escuchó a los últimos ponentes del Encuentro Internacional organizado por la Corte, la UNAM y la ONUDH. Incluso, al reconocer la necesidad de una reforma, citó a uno de ellos.
“En nuestro país existe un consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema de justicia en su conjunto. En este marco debe entenderse que la independencia judicial es un derecho humano con contenido propio. Como bien ha alertado Jesús Peña (representante de la ONU-DH), sin independencia judicial el derecho se distorsiona y se desfigura”, apuntó.
Confió que los legisladores federales que prevén dictaminar el próximo 22 de agosto la reforma tomen en cuenta los foros, en los que dijo hubo “pluralidad y el rigor técnico y experiencia de las diversas voces” para que “identifiquen rutas de acción y algunos otros caminos alternativos en los esfuerzos de mejora de la justicia, fundamentalmente en nuestro país”.
De manera remota vía internet, participó en la última mesa Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien advirtió que los términos de la iniciativa presidencial atentan contra la independencia judicial.
También, reiteró su preocupación sobre la nueva forma para elegir por el voto popular a los más de mil 600 jueces y magistrados del país porque no garantizaría que se elija a los más aptos, y alertó sobre sustituir «de manera abrupta” a los actuales.
“Puede retrasar la justicia para los ciudadanos que están esperando una resolución y puede violar también sus derechos a un juicio justo”, señaló.
En ese sentido, la doctora Adriana García García, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, alertó que la sustitución masiva de los actuales juzgadores en México para elegir a otros crearía “un vacío a la justicia y una violación flagrante a los estándares internacionales”.
Sin embargo, también hubo autocrítica a los poderes judiciales del mundo. El juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados para la Promoción de la Independencia Judicial, se dijo contra la elección judicial, pero reconoció que la falta de legitimación de los jueces entre los ciudadanos se debe a que no han sabido comunicar su trabajo.
“Y hacemos muy mal el no transmitir lo que nosotros hacemos. Nos está costando salir de ese apotema de nos expresamos por las sentencias. El ciudadano tiene que entender lo que dice la sentencia. Cuando más simple y más claro sea el vocabulario, más cercanía y empatía o simpatía o lo que fuera, pero va a entender de qué estamos hablando”, dijo.
Mientras, Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acotó que sin independencia judicial “no hay estado de derecho y democracia” ni hay posibilidad de proteger los derechos sin jueces independientes imparciales. Empero, dijo que los jueces también tienen que pagar un precio por defender esas garantías.
“Si defendemos a los jueces en su independencia, tenemos que también exigirles responsabilidad, transparencia. Responsabilidad que implica un término jurídico.
«La Corte Interamericana ha identificado tres grandes requisitos, faltas conforme a un principio de legalidad y un principio de proporcionalidad, procedimiento con base al debido proceso y revisión judicial. Pero necesitamos también limpiar nuestros poderes judiciales de jueces que muchas veces son la minoría, pero que están ensuciando el resto del poder judicial y están permitiendo que haya una mala percepción del poder judicial”, apuntó.
El expresidente de la CIDH (1997’1998) también participó este miércoles previamente en otra mesa de análisis. En ella, afirmó que los jueces y magistrados deben contar con protección efectiva en cuanto a su independencia, y para ello el sistema interamericano ha establecido estándares que garantizan su acceso al cargo, permanencia y culminación de la designación, así como libertad de expresión, de asociación, y no pueden estar subordinados a poderes políticos
Expuso que la independencia judicial “es un tema sustancial, y al respecto hay cuestiones que deben atender los Estados como obligación de los compromisos contraídos en materia de derechos humanos”.
En tanto, el jurista José de Jesús Orozco enriquez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “la independencia es imprescindible para que jueces y juezas puedan garantizar el efectivo acceso a la justicia a víctimas de violaciones a derechos humanos”.
Además, dijo, la independencia del poder judicial debe ser respetada y garantizada por los poderes Legislativo y Ejecutivo, y por ello consideró que de “avanzar la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial se conculcaría la independencia judicial y México debe ajustarse a las normas internacionales, pues podría incurrir en responsabilidad internacional”.
La Jornada
