Retrovisor/ Ivonne Melgar
Como si ya hubiéramos resuelto las secuelas de la pandemia, ahora quieren embarcarnos en la innecesaria consulta de la revocación de mandato.
Pero, lamentablemente, la salud de la República no depende de un sí o un no sobre la continuidad del presidente López Obrador. Tampoco la prometida pacificación.
Por el contrario, a los acumulados problemas se agregan nuevos desafíos. El más importante, de manera inmediata, es el que la sociedad protagonizará dentro de dos semanas, con el regreso a las aulas, cuando los contagios aún persisten.
Es una movilización que obligará a definiciones familiares e institucionales ante el desafío de dar respuesta al deseo nacional de 7 de cada 10 alumnos de preescolar, primaria y secundaria que quieren volver a sus aulas, según los resultados de la consulta realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Cada plantel tendrá la oportunidad de convertirse en un espacio de construcción de entendimiento y nuevas reglas frente a una inevitable realidad sanitaria que nos ha trastocado.
En ese tejer cotidiano de padres, alumnos y maestros, necesitaremos que se haga lo correspondiente entre sindicatos, funcionarios, gobiernos estatales y el Presidente de la República, que valientemente ha decidido darle banderazo al regreso a las aulas.
Necesitaremos del mejor López Obrador, ese líder social que explica y tranquiliza; de la secretaria Delfina Gómez, exdirectora de escuelas mexiquenses y primera titular de Educación Pública que conoce a detalle la dinámica de las comunidades escolares; y del secretario Jorge Alcocer y el subsecretario López-Gatell despejando las dudas que surgirán para 25 millones de alumnos.
Cuando tenemos ante nosotros ese propósito común del bienestar de los estudiantes que hace 16 meses perdieron la posibilidad de la convivencia presencial, ahora el gobierno y su partido pretenden enrolarnos en la polarización inevitable de si queremos o no que siga en su encargo el presidente López Obrador.
Se trata de una pérdida de tiempo para una sociedad urgida de que el mandatario más votado, querido y popular del México contemporáneo se concentre en resolver los problemas que la pandemia acentuó: deserción escolar, desigualdad, pobreza, crimen organizado, desabasto de medicamentos e incremento del gasto de los hogares en salud.
Sería bochornoso dedicar el resto del año al litigio político y legislativo de este nuevo distractor. Más penoso aún sería atestiguar que los representantes de la oposición muerdan el anzuelo, canalizando sus capacidades en la fantasía de que lograrán que López Obrador deje el gobierno el próximo año.
Lo que se requiere son partidos y legisladores responsables con el presupuesto 2022, a fin de que garantice los ajustes aún inciertos de la inmunización covid y repare el daño que generó la liquidación del Seguro Popular y el invento del Insabi, que impone una simulada gratuidad, obligando a no recetar los insumos que le hacen falta al sector Salud. Y generando corrupción médica, como la exhibida por Yohali Reséndiz en Imagen Noticias desde el Hospital Balbuena, donde grabó la venta “a escondidas” de un clavo de titanio para la cirugía de un joven atropellado.
Asignar, desde la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, los 3 mil millones de pesos que costaría al INE la organización de la consulta de revocación de mandato sería ofensivo. Un despilfarro, un despropósito, como lo es la agenda de la distracción en la que Morena concentra sus energías en el Congreso.
Ahora, ante la imposibilidad de someter a las instituciones autónomas, el partido en el poder activa mecanismos para la persecución de aquellos que considera adversarios al proyecto del gobierno.
Apenas ayer, al aprobar el dictamen para una nueva ley de Juicio Político que sustituiría la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la diputada Araceli Ocampo contó, sin rubor de por medio, que ésta urge para “llevar a juicio a ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, integrantes de la Fiscalía, jueces y magistrados de circuito, así como consejeros electorales o magistrados del Tribunal Electoral”.
A esa agenda distractora del coliseo se suma la agenda del circo. Porque en eso se convertirá el debate legislativo de si iremos a una revocación de mandato —sólo posible con una solicitud ciudadana de anticipar el fin del sexenio— o la ratificación de la popularidad presidencial, de la que ya se tienen evidencias.
Los problemas de siempre y de covid reclaman serenidad y soluciones. Y ninguna justifica la distracción y el encono que conllevaría realizar esa consulta en marzo de 2021.
¿O acaso alguien con secuelas económicas o pulmonares tendrá un alivio al gritar que se vaya o al cantar que se quede?
Más gobierno y menos coliseo.
Más presidente y menos circo.
