Las y los diputados perredistas lamentaron que tuviera que pasar más de mes y medio tras el accidente de la Línea 12 para que Serranía Soto fuera destituida, pues tal vez si se hubiese hecho luego de los otros varios accidentes previos que evidenciaron su incompetencia, negligencia o incapacidad
Ciudad de México
El GPPRD en la Cámara de Diputados consideró insuficiente la destitución de Florencia Serranía Soto de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y demandó a las autoridades correspondientes investigar su gestión, particularmente sus acciones y omisiones, pues habrían dado lugar a graves accidentes, como el del 3 de mayo en la Línea 12 que costó la vida a 26 personas, a fin de fincarle las responsabilidades que procedan.
La bancada del Partido del Sol Azteca consideró evidente que la exfuncionaria incumplió sus deberes en cuanto a la coordinación de la supervisión y mantenimiento de instalaciones y equipo de ese medio de transporte, lo cual resulta cuanto más grave dado que ya existían avisos, denuncias y advertencias de trabajadores y usuarios sobre el funcionamiento anormal de la Línea 12.
Agregó que otros acontecimientos, como el incendio del Puesto de Control Central el pasado 9 de enero y el de un tramo de cableado de la Línea 4 el 24 de abril, evidenciaban que la ahora exfuncionaria estaba descuidando esos importantes deberes de supervisión y mantenimiento, por las razones que fuese.
Las y los diputados perredistas lamentaron que tuviera que pasar más de mes y medio tras el accidente de la Línea 12 para que Serranía Soto fuera destituida, pues tal vez si se hubiese hecho luego de los otros varios accidentes previos que evidenciaron su incompetencia, negligencia o incapacidad -o todo ello-, se hubiese evitado la pérdida de 26 vidas humanas y lesiones, incluso graves, a decenas de personas más.
El GPPRD no pierde de vista que, además de su negligencia e incompetencia, a la ocurrencia de esos siniestros hayan contribuido otros factores fundamentales, como el recorte al presupuesto del SCT que derivó en recorte de personal, cancelaciones en compra de bienes y servicios necesarios para su correcto funcionamiento, y, en suma, en la falta de supervisión y mantenimiento a sus instalaciones y equipos.
Tampoco pierde de vista que la tragedia del 3 de mayo haya contribuido la corrupción de empresas constructoras y proveedoras del Metro, con o sin conocimiento de los directivos de éste.
A la luz de los lamentables hechos -dijo- evidentemente le está saliendo más costoso a las finanzas públicas, pero sobre todo a la ciudadanía entera, haber mantenido a Serranía Soto al frente del STC, haberle regateado presupuesto para mantenimiento de éste en aras de “ahorros” y haber solapado la corrupción o incompetencia de empresas constructoras.
Al respecto, el GPPRD consideró insuficiente que las empresas constructoras se comprometan, voluntaria u obligadamente, a subsanar sus mal hechuras, pues ello no les restaría responsabilidad alguna en la pérdida de vidas, lesiones graves a decenas de usuarios, y quebranto a las finanzas públicas.
Por todo lo anterior, el GPPRD consideró necesario que las investigaciones sobre la gestión de Serranía Soto incluyan sus propias informaciones y declaraciones, así como su confronta con las de otros actores relacionados con el STC, a fin de deslindar responsabilidades.
Rechaza desde ya cualquier intentona de encubrimiento sobre los corresponsables del accidente, sean del ámbito público o privado, y confía en que los informes pendientes de la empresa DNV, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de cualquier otra autoridad con competencia en el asunto den lugar a la justicia, la reparación del daño, la rehabilitación de la Línea 12 y su puesta en operación en condiciones seguras.
Sólo así -dijo- se podrá lograr la recuperación de la confianza ciudadana en su Sistema de Transporte Colectivo, particularmente en su Línea 12, y éste podrá contribuir al bienestar, en lugar de ser un motivo de preocupación para la seguridad física y patrimonial de millones de mexicanas y mexicanos.
