Pulpo Político |Marco Antonio Flores
Para muestra varios botones: impera en la Presidencia de la República, en el gobierno federal, en legisladores, en gobernadores, funcionarios que son electos por el pueblo * La División de Poderes evita el autoritarismo y el control del país en manos de un solo hombre * La reforma al Poder Judicial es para que todos estemos indefensos ante los abusos del poder, de ahí el peligro de que se vayan las inversiones a otro país * ¿Por qué no se pone a votación popular a los integrantes del gabinete?, pues ahí también prolifera el cáncer de la corrupción
La “Reforma del Poder Judicial” será el parteaguas de este inicio de sexenio 2024-2030. El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no es garantía para acabar con la corrupción. Sí, así es, como lo leyó bien, y para muestra un ejemplo claro: El voto popular llevó a la Presidencia de la República a célebres personajes que tuvieron escándalos de corrupción.
Quién no se acuerda de Vicente Fox con los hijos de Marta Sahagún; Felipe Calderón con la Estela de Luz; Enrique Peña Nieto con la “Casa Blanca” y el actual Presidente con Segalmex y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Tampoco la decisión del pueblo en la elección de gobernadores ha contribuido a abatir la corrupción. Aquí unos casos sobresalientes: Javier Duarte en Veracruz, Tomás Yarrington en Tamaulipa, Roberto Borge en Quintana Roo, Eugenio Hernández Flores en Tamaulipas. y César Duarte en Chihuahua.
En la actualidad también hay escándalos de corrupción: Cuitláhuac García en Veracruz, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Layda Sansores en Campeche, Alfredo del Mazo en el Estado de México y Marcelo Ebrard en la CDMX (Mario Delgado duplicó costo de la Línea 12).
Las anteriores menciones son un claro ejemplo de que el voto popular no garantiza acabar con la corrupción, el argumento principal para implementar la reforma judicial.
En el caso de lograr elegir a los miembros del Poder Judicial, solo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica. A todas luces la “Reforma Judicial” es un despropósito presidencial que raya entre la venganza política y el rencor a quienes en el Poder Judicial no se arrodillaron a sus designios.
Está claro que será un acto de sumisión de legisladores y de sus líderes de las Cámaras de Diputados y Senadores secundar esta reforma que pretende ignorar el espíritu y principio fundamental de los creadores de la teoría de la División de Poderes, John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), cuya esencia parte de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.
Este principio fundamental, en un régimen democrático, evita la concentración del poder y se consolida como uno de los pilares de nuestra Constitución Política.
La campaña presidencial, que culminó con la victoria arrolladora de Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 2 de junio de 2024, fue la “Crónica de un triunfo anunciado”. Desde junio de 2021 el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos lo había anticipado, cuando destapó a sus corcholatas, dando por descontado que la favorecida sería Claudia Sheinbaum Pardo.
Lo que nadie adivinaba ni se imaginaba es que el partido oficial obtuviera la anhelada mayoría calificada, muy deseada y no lograda por el Presidente.
Desde el 6 de septiembre de 2006, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo había sentenciado: “¡Al diablo con sus instituciones!”.
El 2 de junio de 2024, 35 millones de mexicanos apoyaron el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, sin darse cuenta de las consecuencias para ellos, sobre todo para sus hijos. Un deseo general es que la nueva presidenta rectifique el rumbo por el bien del país.
LOS MÁS POBRES APOYAN A LA 4T
En la Mañanera del 2 de febrero de 2022, el Presidente López Obrador explicó por qué cuenta con el apoyo popular al afirmar: “Con los pobres, de cada 10 podemos tener el apoyo de 9”. (Según el INEGI, la pobreza y extrema pobreza alcanza el 55% de la población, significan 70 millones de pobres).
Agregó: “Con la clase media, media alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos el apoyo de uno”. Añadió que “por niveles de escolaridad sucede algo similar y que entre mayor sea el grado, menos simpatía tiene su movimiento”.
La confesión del Presidente Andrés Manuel lo consolida como un experto ingeniero electoral, sus cálculos fueron precisos y confirma que la prioridad en su gobierno fue mantener la clientela electoral.
Lo anterior explica el innegable apoyo popular de que goza y presume el Presidente de la República por parte de los más pobres, pero eso no le da derecho para atentar contra las instituciones a su antojo. Existe la esperanza de que la virtual presidenta electa no siga esa ruta.
El verdadero dilema se encuentra entre la defensa de la “Transformación” (simulación) o la “Reconstrucción nacional” de las instituciones democráticas, de impartición de justicia, de la transparencia, del respeto a la División de Poderes, del combate a la corrupción y la impunidad. Por un México unido y reconciliado para encontrarse con el futuro de grandeza que le aguarda.
Será que en el subconsciente nacional, expresado el pasado 2 de junio, subyace una especie de fijación por la adoración al Tlatoani de nuestras culturas prehispánicas… ¿Será que el colectivo nacional ya extraña al partidazo y sus poderosos presidentes (tlatoanis)?
Surge el “deja-Vu” de un nuevo “estilo personal de gobernar” del Presidente -en palabras de Cossío Villegas-. O podríamos estar frente a una “presidencia” hereditaria o la “dictadura perfecta”, como la definió Vargas Llosa. Para algunos, razón de estabilidad política y de paz social. Para otros, motivo de preocupación.
Si se continúa con la “Transformación” con el sello obradorista, estaremos en la antesala del presidencialismo de los mejores años del PRI en los 70s y 80s, con los Poderes Legislativo y Judicial acotados a modo y a su “servicio”, cuando no existían los organismos autónomos.
De esta forma Morena se consolidaría como el nuevo PRI, o más bien Morena es el viejo PRI, empezando por su Presidente, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, por mencionar sólo algunos.
Morena revive la aplanadora, el gusto por el carro completo, la simulación de escuchar a los otros, la cerrazón y la obediencia ciega al Presidente; da lo mismo el PRI de los 80 que el Morena de 2024. Para muchos expertos en la política, AMLO tiene el ADN priísta, pues quiere que volvamos al PRI de antes.
La Reforma Judicial sí es necesaria, pero que se enfoque a rediseñar al Consejo de la Judicatura, con facultades de vigilancia y sanción a jueces corruptos o ineptos y el adelgazamiento de su gruesa estructura administrativa. Se debería descartar la obsesiva propuesta de elección de jueces, magistrados y ministros.
Quienes defienden esta reforma presidencial ponen como ejemplo que en Estados Unidos se eligen jueces locales. Sin embargo, hay que considerar que el “federalismo” americano, que por cierto copiamos, tiene una historia singular y es auténtico y real desde sus orígenes. Por ello el sistema judicial estadounidense es también singular como fruto de su historia irrepetible.
Ningún Estado del mundo presenta una pluralidad de métodos de selección de los miembros del Poder Judicial similar a la de Estados Unidos, empezando por el modelo de selección de los jueces federales y continuando por el de cada uno de sus cincuenta estados.
Hablar del sistema judicial estadounidense es hablar de 51 sistemas judiciales (50 estatales y uno federal), es abordar un sistema federal judicial creado siguiendo la senda del propio federalismo del país, que es similar al mexicano en la designación de jueces, magistrados y ministros federales.
Los requisitos, en todos los casos, para lograr ser candidatos a jueces son muy amplios y estrictos.
Como regla general, antes de servir como juez deberán acumular años de experiencia en el campo legal. Muchos jueces comienzan su trayectoria como abogados defensores o fiscales.
Entre los requisitos están: Obtener una licenciatura, realizar el examen de admisión a la Facultad de Derecho, asistir a la Facultad de Derecho y obtener un doctorado en jurisprudencia; aprobar el examen de la barra, ejercer la abogacía y ganar el puesto de juez o jueza.
También contar con los estudios de Derecho (3 años) en una School of Law, acreditada por la Asociación Americana de Abogados (ABA).
Entre los exámenes que realizan están un ensayo con secciones sobre razonamiento lógico, juegos de lógica, comprensión lectora y una sección práctica.
Tras la realización y finalización de los estudios en la School of Law como Juris Doctor, para poder ejercer como abogado hay que superar el examen de la Bar Association, un logro que exige meses de preparación y estudio.
Cada estado tiene un examen distinto, ya que hay que demostrar el conocimiento en la aplicación del Derecho del estado en el que el candidato pretende ejercer la abogacía y en la aplicación de las leyes federales.
Para ser seleccionado como juez el aspirante debió ejercer el Derecho como mínimo dos años. Muchos candidatos acceden a la condición de juez después de décadas de experiencia profesional. Lo esencial es ganarse una reputación profesional respetable y entrar a formar parte de las listas de posibles candidatos a juez.
Imagínese en México, destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, que huele, más que nada, a un “afán controlador”. Podría repetirse la historia reciente: la destrucción del Seguro Popular para sustituirlo por el inexistente y fracasado Insabi.
O lo que ocurrió cuando se demolió el aeropuerto de “Texcoco”, que cumplía con los requisitos de calidad mundial para sustituirlo por el inoperante y limitado AIFA, con los costos y dispendio de recursos públicos que ocasionaron las decisiones y caprichos personales escudados en el poder presidencial.
¿Acaso continuaremos sometidos al poderoso monarca indefinidamente o solo hasta el 30 de septiembre de 2024 al rey que sostiene “Le Etat je suis”?
