Veracruz, Ver.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 101.6 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2021 por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.
De acuerdo al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF revisó una muestra de 819 millones de pesos, que representó el 70 por ciento de los 1 mil 170 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Según el dictamen del Informe, el Gobierno del Estado de Veracruz comprometió el 97.1 por ciento y pagó el 81.3 por ciento de los recursos disponibles al 31 de diciembre del 2021, en tanto que al 31 de marzo del 2022 pagó el 96.9% de los recursos disponibles a la fecha.
La ASF concluyó que: “El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que reintegró recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2021, y rendimientos generados fuera del plazo establecido”.
En la auditoría practicada al gobierno estatal, se detectó que se realizó una transferencia por 50.9 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social, como ente ejecutor, para el convenio “GOB VER-CFE DISTRIBUCIÓN-01/2021”, del cual no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que acredite que dichos recursos se comprometieron y devengaron dentro de los plazos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni los expedientes técnicos que acrediten que las obras y las acciones que en su caso se hubiesen pagado, se adjudicaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normativa aplicable y que cumplen con los objetivos del fondo.
Además, se observó que el Gobierno del Estado de Veracruz pagó tres obras por 8.8 millones de pesos, pero la ASF no encontró evidencia de su total ejecución con respecto a los alcances de sus respectivos contratos, se encontraban inconclusas y en estado de abandono, lo cual impide la operación de las obras por lo que no brindan el beneficio a la población objetivo del fondo y no se hicieron efectivas las correspondientes fianzas de cumplimiento.
En la revisión al manejo de los recursos por parte de las autoridades estatales, la ASF halló que la administración de Cuitláhuac García Jiménez pagó 7.2 millones de pesos por una obra que no se encuentra en operación, por lo que tampoco brinda el beneficio a la población objetivo del fondo.
De igual forma, la ASF encontró que el gobierno estatal pagó una obra por 29 millones de pesos, la cual se identificó como “una obra de mala calidad” y pagó 5.5 millones de pesos por otra obra que se encontraba en proceso de ejecución fuera de los plazos establecidos en el contrato, lo cual impide su operación y no se hizo efectiva la fianza de cumplimiento.
Por último, la ASF concluyó: “Esto generó un probable daño a la Hacienda Pública federal por un importe de 101,617.2 miles de pesos, que representa el 12.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.
