>>Con 36 votos a favor, el Pleno respalda el trabajo realizado por la Comisión Permanente de Vigilancia y del Órgano de Fiscalización Superior del estado.
Xalapa, Ver.– El Pleno de la LXVI Legislatura avaló el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia por el que son aprobados los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
En sesión extraordinaria, las diputadas y los diputados conocieron el dictamen y, tras los posicionamientos de las diversas fuerzas políticas, se instruyó abrir el tablero electrónico para la votación, que dio como resultado: 36 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones.
En el documento, la Comisión de Vigilancia expone que, en cumplimiento con las normas legales, remitió al Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) la Cuenta Pública 2022 correspondiente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos, Universidad Veracruzana (UV), Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del estado, municipios y entidades paramunicipales, para que procediera a la revisión y posterior entrega del Informe a esta Soberanía.
Asimismo, destaca que el Orfis remitió, en el plazo legal, los informes de fiscalización superior, como conclusión del procedimiento.
De acuerdo con el dictamen y derivado de la auditoría financiera, para el caso de la Cuenta Pública consolidada del Poder Ejecutivo no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
En la revisión, para el caso del Poder Ejecutivo, en 13 dependencias, 21 organismos públicos descentralizados y seis fideicomisos no se detectaron irregularidades de presunto daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo.
Además, de las auditorías financiera y/o técnica a la obra pública, se determinó un presunto daño patrimonial en dos dependencias (Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca) y 28 organismos públicos descentralizados por un total de 161 millones 952 mil 891 pesos.
En el caso del Poder Judicial, se detectaron inconsistencias administrativas en los tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje y del Consejo de la Judicatura, además, en el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
Respecto a los organismos autónomos, previstos en el Artículo 67 constitucional,
