>>En ese sentido, consideró que es una “omisión grave” que desde el gobierno del estado y la Fiscalía General, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no se acepten las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Xalapa, Ver.-
Debido a que el Estado de Veracruz encabeza la lista de asesinatos de mujeres, de detenciones extrajudiciales y desaparición forzada, la senadora panista Indira Rosales San Román afirmó que es necesario que desde la Fiscalía General del Estado y el Poder Ejecutivo se tomen acciones.
En ese sentido, consideró que es una “omisión grave” que desde el gobierno del estado y la Fiscalía General, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no se acepten las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por lo anterior, la senadora secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado respaldó que desde la propia CNDH se haya solicitado a la Junta de Coordinación Política del Congreso Federal llamar a comparecer a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por ser omisos en la aceptación de dos recomendaciones en las que se acreditó tortura, abuso sexual y una detención ilegal.
La legisladora recordó que desde el 25 de enero se recibió la petición de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, en base a las atribuciones que tiene la titular de la CNDH para que el Senado lo pueda citar a comparecer y se explique por qué motivo no aceptó las recomendaciones.
En ese sentido, aseguró que “presionarán” para que se dé un acuerdo político que obligue a la presentación de los dos actores políticos, “estaremos presionado para que haya un acuerdo político a la brevedad y se llame a ambos servidores a comparecer, ante el Pleno o la Comisión de Derechos Humanos para que explique qué está pasando”.
La FGE se negó a aceptar la recomendación en los casos de July N acusada por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid de Xalapa y la otra recomendación está relacionada con José Manuel del Río Virgen, quien fue detenido de manera arbitraria por el delito de ultrajes a la autoridad, que se derogó en febrero del 2022. Así las cosas.
