Ciudad de México
El 54% (271) de los periodistas incorporados al mecanismo de protección del gobierno federal se concentra en seis estados: Ciudad de México (76), Guerrero (56), Tamaulipas (46), Quintana Roo (41), Sonora (26) y Veracruz (26).
En conferencia de prensa, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, señaló que se firmarán convenios de colaboración con las 32 entidades federativas para generar políticas públicas de prevención contra las agresiones, las amenazas y los riesgos de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Según datos de la Segob, al inicio de la actual administración se encontraban incorporadas 798 personas al Mecanismo de Protección y a la fecha se han incorporado al mecanismo 708 personas más, lo que equivale a un incremento superior al 88%.
A la fecha se encuentran incorporadas 1,506 personas, de las cuales:
• 495 son periodistas: 136 mujeres y 359 hombres.
• 1,011 son defensores: 543 mujeres y 468 hombres
Enrique Irazoque dijo que el incremento de las personas incorporadas al Mecanismo obedece a mayor confianza en las instituciones del nuevo gobierno, mayor visibilización del Mecanismo, al acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil y grupos de personas y también por el incremento de la violencia en algunas regiones y estados del país.
Del total de asesinados solo seis estaban en el Mecanismo de Protección
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que buscarán la modificación del marco normativo en la materia, así como “un sistema nacional de prevención y protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que establezca con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado mexicano en esta materia”.
También dijo que se impulsará en las fiscalías el seguimiento de las investigaciones de los casos de agresiones contra periodistas y defensores y garantizar las sentencias por parte de la autoridad judicial.
Se generará política pública de prevención contra agresiones, amenazas y riesgos de personas defensoras y periodistas; además se intensificará la atención a la protección de los casos vigentes y los que se sigan presentando, y se establecerán protocolos estrictos de seguridad que deban atender las personas beneficiarias del Mecanismo
Asesinados 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos
De diciembre de 2018 a septiembre de 2021 han sido asesinados 47 periodistas y 94 personas defensores de derechos humanos.
En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador −de diciembre de 2018 a septiembre de 2021− han sido asesinados 141 periodistas y personas defensores de derechos humanos, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).
En conferencia de prensa, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, detalló que en la actual administración 47 periodistas fueron asesinados.
El 61% de los homicidios contra periodistas se concentran en seis estados: Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, el Estado de México y Oaxaca.
De los 47 periodistas asesinados, solo se ha dictado sentencia en 5 casos (10.63%).
Los trabajadores de los medios de comunicación asesinados trabajaban, principalmente, en la fuente policiaca, seguridad, política o investigaban temas de corrupción.
El 43% del perfil del agresor contra periodistas son servidores públicos, seguido por la delincuencia organizada (33%). En el 23% de los casos el agresor no ha sido identificado.
En tanto, 94 defensoras de derechos humanos han sido asesinados en la actual administración: el 67% de los homicidios han sucedido en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
En su mayoría, los defensores atacados se dedicaban a la defensa del medio ambiente, pueblos indígenas, violencia de género y comunidad LGBT+.
De los 94 defensores asesinados, solo se ha dictado sentencia en dos casos.
Enrique Irazoque destacó que existen varios generadores de violencia como el crimen organizado; el grado alto de impunidad; la corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos; el incumplimiento de las obligaciones de municipios y estados, así como una falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y defensores.
