𝗨𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗶𝗻 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗶𝗼

Alama Grande I  Ángel Álvaro Peña

Ahora la Suprema Corte de Justicia está en el banquillo de los acusados, como si los puntos negros de algunos mancharan a otros que mantienen una carrera judicial clara y transparente.

Como en todo gremio, hay profesionales malos y buenos, honestos y deshonestos. Lo cierto es que en una estructura tan grande como al del Poder Judicial, resulta imposible decir que todos son buenos o malos funcionarios públicos.

Por desgracia la falta de verticalidad de algunos jueces ha politizado la ineficacia de ministros y todo personal implicado en estas tareas, que son esenciales para garantizar el estado de derecho. Un poder Judicial con claroscuros, con altas y bajas.

Con la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular por completo el decreto que declaraba como de seguridad nacional las obras estratégicas, se confirma, como se dice coloquialmente, que “ya perdimos a la Corte”, porque existe un divorcio entre sus decisiones y el interés público, sostuvo Andrés Manuel López Obrador.

La resolución que adoptaron los ministros y que canceló por completo su decreto emitido en 2021, confirma su inclinación para defender los intereses particulares, sin tener aprecio al interés público, según afirmó el Presidente.

La división de poderes crea equilibrios, su equidad no sólo crea igualdad entre los mexicanos sino que crea la Nación. Por lo que, así como se hace necesario que haya limpieza en cada uno de los poderes, principalmente en sus cabezas, es también necesario que haya congruencia.

Por ejemplo, hay fallos cuya honestidad desconocen los ministros. A pesar de la existencia de la Judicatura no hay una vigilancia permanente sobre la actuación de jueces. Ejemplos hay muchos, que desde el Poder Judicial afectan a los otros dos poderes de manera grave.

Es el caso de Rogelio Franco Castán, detenido el 13 de marzo de 2021, en Tuxpan, Veracruz, sin juicio, ni sentencia. Las audiencias se aplazan, para dar como resultado más de dos años preso en el Cereso de Amatlán.

Este caso es típico de cómo la negligencia de un poder, en este caso el Poder Judicial, afecta a los otros dos. Porque al no haber juicio, ni seriedad en las fechas de audiencias, ni causas de la postergación de los careos, se considera que el detenido, candidato plurinominal a la Cámara de Diputados, como un preso político, tratándose de un militante y ex dirigente estatal del PRD, partido diferente al que gobierna la entidad veracruzana y el país. Desmintiendo el discurso del Jefe del Ejecutivo respecto a su afirmación de que en México no existen presos políticos y en Rogelio franco hay la muestra de lo contrario.

Este caso también afecta al Poder Legislativo porque se trata de un detenido que debió tomar protesta en la cárcel, como diputado federal desde septiembre de 2021, dando lugar a un suplente, Jesús Velázquez, quien aprovechó la detención para subirse a la curul, no sin antes fungir y fingir como su abogado defensor y lo único que hizo fue hundir más a Franco.

El hecho de que Rogelio Franco haya ganado 11 amparos, prácticamente por todos los delitos que se le imputan, habla de la intención del Poder Ejecutivo estatal y federal de dominar al Judicial. Esto quiere decir que hay jueces que actúan de acuerdo a las leyes apegados al derecho y no son sumisos a otros poderes.

Aquí están los tres poderes de la unión afectados por la negligencia del Poder Judicial, más aún si sumamos a esto que Rogelio fue detenido por un delito que fuera derogado por la Suprema Corte de Justicia por autoritario y represivo como ultrajes a la autoridad, y que el legislativo local en Veracruz volvió a darle vigencia, un día antes de detenerlo, de ahí que se le llame a esa disposición la Ley Franco.

Hace falta orden en el Poder Judicial en primer lugar para que haya disciplina y eficacia en el resto de los poderes de la unión.

PEGA Y CORRE

Este gobierno crea problemas para luego resolverlos a su manera como el caso de la compra venta de CityBanamex, banco que de no ser adquirido por el Grupo México que encabeza Germán Larrea, lo adquiera el gobierno para fortalecer la estructura de instituciones bancarias que inició con los bancos del Bienestar.